El Parlamento portugués aprueba la reforma del control del Tribunal de Cuentas

Los contratos públicos solo requieren fiscalización previa por encima de 7,5 millones de euros (obligación de notificación por encima de 950.000 euros); los gestores solo responden económicamente en caso de dolo o negligencia grave

La reforma traslada el control del gasto público de la aprobación previa a la auditoría posterior y separa las funciones de control, auditoría y enjuiciamiento. El Gobierno promete decisiones más rápidas y más inversión pública (ECO, 21 de octubre de 2026).