Los proveedores de la exIlva empiezan a recortar 2.500 empleos en Taranto

El 4 de septiembre de 2026, 28 empresas proveedoras de la antigua acería Ilva en Taranto abrieron procedimientos de despido colectivo para unos 2.500 empleados, después de que el Tribunal de Apelación de Milán ordenara el 27 de julio de 2026 el cierre del área de arrabio de la planta en un plazo de 90 días si no se resolvían las fuentes de amianto y las emisiones. Bajo presión del Gobierno, los despidos se suspendieron temporalmente; el 8 de septiembre de 2026 se celebró una reunión de crisis en el Palazzo Chigi para congelar el procedimiento y buscar medidas de protección social (Il Fatto Quotidiano, 4 de septiembre de 2026). La cifra se registra como recortes iniciados; el resultado sigue abierto. Actualización (11 de septiembre de 2026): el 9 de septiembre de 2026 la asociación Aigi suspendió los procedimientos de despido colectivo de las 28 proveedoras a petición del Gobierno, a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Milán (Il Post, 9 de septiembre de 2026); sin embargo, el 11 de septiembre de 2026 el tribunal rechazó la solicitud de suspensión y confirmó el cierre del área caliente antes del 28 de octubre de 2026 (véase la entrada de cierres); los despidos, por tanto, siguen siendo un riesgo inminente. Actualización (21 de septiembre de 2026): el 16 de septiembre de 2026, durante la reunión entre el Gobierno y los sindicatos en el Palazzo Chigi, se supo que el Tribunal de Casación había adelantado al 20 de octubre de 2026 la vista sobre el recurso de los comisarios extraordinarios contra el fallo de Milán, ocho días antes del plazo de cierre. Las asociaciones patronales Aigi y Aepi declararon entonces que suspenderían los aproximadamente 2.500 despidos en la red de proveedores al menos hasta el fallo de Casación; el decreto ley con medidas de protección a los trabajadores se pospuso hasta que "el panorama general esté más claro" (Adnkronos, 16 de septiembre de 2026).